El presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV), Enzo Betancourt, recordó que ningún profesional acreditado está autorizado para cobrar por las evaluaciones de habitabilidad e inspecciones técnicas que se llevan a cabo en las edificaciones del país luego del doble terremoto del pasado 24 de junio.
Durante un balance conjunto ofrecido este lunes 6 de julio junto al recientemente designado ministro de Transporte, Francisco Garcés, el representante gremial aclaró que estas labores forman parte del plan de servicio social y voluntariado que el CIV despliega para atender la emergencia nacional, señalando textualmente que «este es un servicio gratuito; aquí no puede venir nadie con credencial a cobrar un céntimo», al tiempo que exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier cobro irregular o intento de realizar peritajes de forma particular utilizando el aval de la institución.
En la misma comparecencia, el ingeniero Alfredo Urich alertó sobre las situaciones de riesgo derivadas del reingreso espontáneo de ciudadanos a inmuebles que ya han sido técnicamente catalogados como inseguros, un comportamiento que eleva la vulnerabilidad civil ante posibles fallas estructurales por réplicas.
Urich fue enfático en señalar que la evaluación técnica de daños debe ejecutarse única y exclusivamente a través de las brigadas oficiales autorizadas por el gremio, recordando que las credenciales profesionales del CIV no facultan a ningún ingeniero para realizar cobros ni valoraciones independientes en el marco de esta contingencia, una postura técnica que busca evitar la falsificación de informes de seguridad o la manipulación de los datos en las comunidades afectadas.
Etiquetas rojas en las edificaciones
Por su parte, el ministro Francisco Garcés ofreció aclaratorias técnicas respecto a la aplicación del protocolo de semaforización de riesgos que utilizan las comisiones evaluadoras para clasificar los daños estructurales de los inmuebles, precisando que «que una estructura tenga la etiqueta roja no significa que deba ser demolida».
Garcés explicó que esta marca responde a una primera fase de diagnóstico visual y ensayos preliminares que restringe el uso del edificio debido al peligro de habitabilidad inmediato, lo que «significa que debe ser revisada con más profundidad y que, en este momento, ocuparla es un riesgo».
Finalmente, el titular de la cartera de Transporte informó que el despliegue de diagnóstico abarca progresivamente toda la infraestructura vial y habitacional del país, un esfuerzo de ingeniería nacional que actualmente cuenta con el soporte técnico voluntario de delegaciones enviadas por diferentes gobiernos y equipos técnicos adscritos a la Organización de las Naciones Unidas.