El Consejo Universitario de la Universidad de Carabobo (UC), en ejercicio de las atribuciones legales que le confieren el artículo 109 de la Constitución y el artículo 26 de la Ley de Universidades, se dirigió al Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, a los órganos del Estado y a la opinión pública nacional para declarar el estado de emergencia socioeconómica institucional ante la crisis estructural del salario y la inestabilidad que afecta al personal docente, administrativo y obrero, tanto activo como jubilado.

El pronunciamiento, suscrito por la rectora Jessy Divo de Romero junto a las autoridades rectorales, decanales y la representación profesoral, estudiantil y gremial, busca visibilizar la pérdida del poder adquisitivo de la comunidad universitaria.

​En su argumentación institucional, la máxima autoridad de la UC expuso que la práctica recurrente de bonificación del ingreso sustituye más del 95 % de los emolumentos mensuales bajo figuras no salariales, contraviniendo el artículo 91 de la Carta Magna, la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) y las convenciones colectivas.

El organismo advirtió que este esquema erosiona progresivamente las prestaciones sociales, utilidades y bonos vacacionales, al tiempo que la aplicación del Instructivo ONAPRE desconoce las escalas salariales e ignora primas históricas por profesionalización, antigüedad e hijos, generando además una exclusión inequitativa del personal administrativo, obrero y docente jubilado en asignaciones como el bono de responsabilidad profesional.

Asimismo, el cuerpo colegiado denunció que la imposición del Sistema Patria para el pago de sueldos vulnera la autonomía administrativa y financiera de la casa de estudios. De acuerdo con el documento, esta centralización obstaculiza la gestión eficiente de las nóminas y retrasa la transferencia de retenciones y aportes patronales a las Cajas de Ahorro e institutos de previsión social, situación que ha provocado el desmantelamiento de los sistemas institucionales de salud y asistencia médica destinados a los trabajadores y sus familias.

Solicitudes de la UC

​Frente a este escenario, el Consejo Universitario acordó convalidar las demandas gremiales y solicitar la reinstitucionalización inmediata del salario mediante la incorporación de las bonificaciones no salariales a los sueldos base, garantizando su incidencia directa en la liquidación de pasivos y beneficios acumulados en sintonía con la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia.

De igual forma, la resolución exige la inclusión sin discriminación de todo el personal en los bonos compensatorios extraordinarios, el respeto al régimen especial de jubilaciones y la asignación oportuna de los presupuestos para la previsión social.

​Para concluir, la institución ratificó la necesidad imperativa de derogar el Instructivo ONAPRE y eliminar el pago de remuneraciones a través del Sistema Patria, restituyendo a la Universidad de Carabobo el control y manejo directo de sus nóminas de activos y jubilados.

El acuerdo fue remitido formalmente a la Presidencia de la República, al Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria y al Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior con el fin de instar al Ejecutivo nacional a restituir las garantías laborales y presupuestarias de la educación superior en el país.