El Gobierno de Venezuela anunció este viernes 24 de julio el inicio de las gestiones oficiales para retirarse de manera definitiva de la Corte Penal Internacional (CPI), tribunal que mantiene una investigación abierta desde 2021 por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad registrados a partir del año 2017.

El ministro de Relaciones Exteriores, Félix Plasencia, confirmó a través de la red social X que, bajo la directriz de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, se remitió la notificación formal al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres. En la misiva se hace efectiva la denuncia al Estatuto de Roma con base en lo establecido en su Artículo 127, mecanismo que estipula un lapso de doce meses para que la desvinculación surta efecto legal.

Argumentos del Ejecutivo y postura del tribunal

El canciller venezolano fundamentó la medida argumentando que la CPI incurre en un «sesgo geográfico» evidente al enfocar de forma desproporcionada sus actuaciones contra naciones de Latinoamérica y África. A juicio del funcionario, dicha tendencia evidencia un uso instrumentalizado de la justicia penal internacional que acentúa las asimetrías entre los países.

Por su parte, el órgano judicial internacional emitió un pronunciamiento en el que aclaró no haber recibido formalmente la comunicación, manifestando su lamento ante la intención del Estado venezolano de desvincularse de los mecanismos globales para la persecución de delitos graves de trascendencia internacional.