Pronto a finalizar el año 2025 y el Ejecutivo Nacional mantiene, desde 2021, una deuda acumulada aproximada de $2.620.000 con la Universidad de Carabobo, correspondiente a aportes y retenciones relativos a procesos de nómina. Este cálculo se realiza tomando como referencia la tasa del Banco Central de Venezuela del 31 de diciembre de cada año, lo cual resulta en este monto obviamente irrecuperable, dado que, si algún día se paga, sería en bolívares y muy probablemente sin la referencia del Banco Central.
Así lo indicó el Vicerrector Administrativo del alma máter carabobeña, José Ángel Ferreira, quien señaló que la actualidad de la ejecución presupuestaria pone en jaque todos los procesos de la comunidad universitaria.
Explicó que la partida de recursos humanos se ha venido cumpliendo, pero con base en lo que es de todos conocido: un salario que tiene más de cuatro años que no se actualiza. “La familia universitaria vive básicamente del bono de guerra y del bono de alimentación”. Algunas variables, como el anticipo de prestaciones sociales, han sido parcialmente pagadas.
Aseguró la autoridad ucista que, lo más grave de esta partida de gastos de personal, es que no se ha ejecutado lo relativo a los aportes patronales de cajas de ahorro de obreros, empleados y docentes, y de los fondos de pensiones y jubilaciones de empleados y profesores, así como los de las corporaciones gremiales. De los primeros, solamente se canceló hasta el año 2021, y los segundos tienen más de 10 años que no se cancelan.
“De este mismo conglomerado –dijo Ferreira- sale un pasivo de nómina, no presupuestario pero si adeudado, relativo a lo que se le retiene a los trabajadores por concepto de las obligaciones legales, impuesto sobre la renta, Ley de Seguro Social, Ley de Política Habitacional, pensiones alimentarias, los cuales no han sido honrados en los últimos cinco años, volviendo insolvente a la familia universitaria”.
“Esto nos ha traído severos problemas con el Seniat y el Seguro Social a la hora de la solvencia de la institución, entre otros aspectos. Todo ello porque la nómina ya no la administra la universidad nacional venezolana sino la Onapre, a través de plataforma Patria. Son ellos quienes deben responder por una deuda absolutamente irregular con el bolsillo de nuestros trabajadores”.
En 2025, la universidad ha cumplido principalmente con las providencias estudiantiles, ejecutando el 82 % de lo presupuestado (Bs. 45.931.406). Sin embargo, los gastos de funcionamiento muestran una grave limitación: de Bs. 120.905.826 solo se han ejecutado Bs. 500.000 (4,68 %). Esto refleja una situación inédita y compleja, donde la institución apenas cuenta con recursos para operar y depende de ingresos propios destinados a infraestructura de las facultades.
José Ángel Ferreira expresó de manera contundente que “no hemos recibido recursos de retenciones; ese dinero no está presupuestado, es de los trabajadores. Debe ser enviado por el Ejecutivo desde que administra nuestra nomina vía plataforma Patria. Esa deuda está vigente, no es presupuesto pendiente; es una obligación, un pasivo financiero, moral y sensible con nuestros trabajadores que legal, moral y éticamente debe ser honrada”. Acotó que “aún el año no culmina, hay oportunidad de salvaguardar estos compromisos”.
Texto: NDP