El ministro del Trabajo, Carlos Alexis Castillo, aseguró que el Ejecutivo nacional no planea sustituir de forma definitiva el concepto de salario por el de ingresos integrales, subrayando que la política actual de bonificaciones es una medida de transición.
Durante una entrevista concedida a la periodista Shirley Varnagy, el funcionario explicó que el Gobierno está adoptando este mecanismo para evitar que un incremento salarial directo genere un impacto inflacionario inmediato que erosione el poder adquisitivo; según Castillo, la estrategia consiste en avanzar «paso a paso» y de manera responsable para garantizar que los ajustes económicos no se conviertan en «aumentos falsos» que agraven la situación financiera del país.
Respecto a la actual estructura de pagos, el ministro sostuvo que «esto no es salario, es ingreso integral» y que están utilizando este esquema debido a que las condiciones macroeconómicas actuales impiden una indexación salarial plena sin disparar los índices de precios al consumidor.
Castillo argumentó que, ante una economía que ha sido «sumamente golpeada» y donde los recursos disponibles son finitos, el despacho laboral se enfoca en un plan de aumentos sostenidos del ingreso y de seguridad social; asimismo, precisó que la estabilización definitiva de estas variables depende del trabajo de los equipos económicos, quienes evalúan el momento idóneo para transformar estos bonos en salario base.
Finalmente, el titular de la cartera laboral detalló que, además del ingreso base de 240 dólares, se ha implementado un sistema de escalafón que otorga bonificaciones adicionales a sectores estratégicos de la administración pública.
«Se está dando un bono también a manera de escalafón para cinco sectores: salud, educación básica, educación universitaria, cuerpos policiales y fuerzas armadas», puntualizó el ministro como parte de las medidas para paliar la situación de los trabajadores mientras se alcanza el equilibrio económico necesario.
De esta manera, el Ejecutivo mantiene la expectativa de una futura reforma o ajuste salarial, supeditada a que los indicadores de inflación, que según el Banco Central de Venezuela alcanzaron el 71,8% en el primer trimestre, muestren una tendencia a la estabilidad.