Como una estrategia para evitar que cualquier incremento en el salario mínimo de los trabajadores se convierta en «sal y agua» de forma inmediata, la profesora Ana Isabel Belmonte, economista y docente titular de la Escuela de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FACES-UC), propuso la implementación de ajustes graduales y planificados en las bonificaciones actuales como mecanismo transitorio hacia la recuperación del salario formal.
Durante el programa «La Entrevista», conducido por el periodista Nicolás Brizuela, la especialista en Macroeconomía Aplicada explicó que esta ruta de progresividad es necesaria hasta que el país consolide una estructura de ingresos petroleros e inversiones fijas. «Yo empezaría por ir haciendo un incremento progresivo de los bonos que ya se están recibiendo, dentro de un sistema pensado a mayor plazo. No es un switch que se prende y apaga; hay que esperar que las inversiones se instalen para garantizar que cualquier aumento sea realmente sostenible», afirmó.
Belmonte reconoció la crítica situación del trabajador venezolano. Señaló que, aun cuando el salario mínimo actual de 130 bolívares no representa nada frente a la realidad del mercado, y que las bonificaciones otorgadas tanto por el sector público como por el privado, siendo las del sector público notablemente menores y más rezagadas, son insuficientes para cubrir la canasta básica, un aumento masivo por decreto sin respaldo productivo podría ser contraproducente.
La experta advirtió que el país se encuentra en una encrucijada técnica, con una inflación anualizada que ya supera el 600%. En este contexto, cualquier medida que inyecte liquidez de forma desordenada en un aparato productivo restringido y que dependa de bienes importados, solo presionará aún más los precios al consumidor.
«El problema es que el salario mínimo es un decreto, cuando teóricamente debería determinarse por la productividad», destacó la docente de la Universidad de Carabobo. Subrayó que un aumento obligatorio impacta directamente en las estructuras de costos de las empresas, lo que las obligaría a trasladar ese incremento al precio final de los productos, alimentando así la espiral hiperinflacionaria que el país vuelve a experimentar.
Texto: Nicolás Brizuela