La administración de Donald Trump dió marcha atrás en su decisión inicial, extendiendo hasta el 27 de mayo el permiso que permite a Chevron, la única gran compañía petrolera estadounidense en Venezuela, continuar sus operaciones en el país. Esta prórroga contradice el anuncio previo de Trump, que fijaba el fin de la licencia para el 3 de abril, acortando significativamente el plazo habitual de seis meses para la salida de la empresa.

La autorización original para que Chevron operara en Venezuela fue otorgada por el gobierno de Joe Biden en noviembre de 2022, como parte de un esfuerzo por fomentar el diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro y promover la celebración de elecciones presidenciales en Venezuela.

La reciente extensión del plazo otorgada por Trump se produce tras una intensa campaña de presión por parte de Chevron y coincide con la llegada a Venezuela de un nuevo vuelo con migrantes deportados desde Estados Unidos. Es relevante señalar que Trump había condicionado la continuidad de las operaciones de Chevron en Venezuela a la aceptación de migrantes deportados por parte del gobierno de Caracas.

La decisión inicial de Trump de revocar la licencia de Chevron fue motivada por la presión de legisladores republicanos de Florida, estado con una considerable población venezolana, quienes argumentan que las actividades de Chevron benefician al gobierno actual.

En un movimiento simultáneo, el presidente Trump anunció la imposición de un arancel del 25% a las importaciones de petróleo y gas venezolano a partir del 2 de abril. Este «arancel secundario» se aplicará a todos los países que continúen comprando petróleo o gas a Venezuela, según explicó Trump en su plataforma Truth Social.